1. La respuesta del juzgado fue un jarro de agua fría. “Habiéndose practicado las diligencias de investigación”, suscribió el magistrado, “no aparece debidamente justificada la perpetración de un delito”. El siguiente paso fue remitir un escrito al Colegio Oficial de Enfermería de Madrid en junio de 2005.

2. La magistrada señalaba en su auto de archivo de la causa que "no resulta acreditada ni probada la intención maliciosa de los procesados (...) y en consecuencia no resulta justificada la perpetración del delito que ha dado origen a este procedimiento". Coalición por Melilla se explaya mucho en argumentar que los impresos de solicitud para votar por correo son "incuestionablemente un documento oficial", a pesar de carecer de sello de la Administración o copyright.

3. Además, aclara que sería preciso que "mil sujetos haciendo uso de su DNI las usaran, dirigiéndose de forma personal a su Oficina de Correos y ejercer el derecho a voto". Por ello, concluye que no resulta "acreditada ni probada la intención maliciosa de los procesados" y, en consecuencia, indica que "no resulta justificada la perpetración del delito que ha dado origen al procedimiento". Asimismo, recuerda que la ley, cuando se trata de un particular, exige que exista responsabilidad para que haya dolo, por lo que no puede ser entendida la "responsabilidad criminal de un particular si en la actuación u omisión del mismo no media dolo y tan sólo existe culpa, negligencia o imprudencia". "En este caso no aparece como dolosa la actuación de los procesados, en tanto que el señor Lence declaró en sede judicial que desconocía que las 1.000 solicitudes de voto por correspondencia fueran un documento oficial", argumenta.